La empresa de seguridad privada SEICSA es una de las principales proveedoras de diferentes oficinas del gobierno federal, a pesar del historial negro con el que cuenta. Hoy, nuevamente, se encuentra en «el ojo del huracán», pues es investigada al ser señalada como parte de una red de corruptelas que permitieron la adquisición irregular de armas largas.
SEICSA acumula contratos públicos por más de 3,000 millones de pesos durante los últimos años. Según Compranet y la respuesta de la Auditoría Superior de la Federación a una solicitud de información, esta firma ha recibido 109 contratos que representaron ingresos superiores a 2,776 millones de pesos en el sexenio actual, a los que se suman contratos no registrados oficialmente, como los del Instituto Nacional de Migración, para superar la cifra señalada.
Dichos contratos se otorgaron a pesar de los antecedentes de la empresa. En 2023, Servicios Especializados de Investigación y Custodia S.A. de C.V. (SEICSA) estuvo a cargo de la seguridad en la estación migratoria de Ciudad Juárez, la misma que registró un incendio que dejó 40 migrantes muertos.
Ahora, la empresa es investigada tras la orden de aprehensión contra Raúl Rocha, dueño de Miss Universo, acusado de operar una red criminal ligada al huachicol y tráfico de armas. En la misma, SEICSA aparece mencionada entre las empresas utilizadas para obtener armas largas. Según las páginas 190 y 191 del expediente, un miembro de la red criminal recurría a diversas compañías de seguridad, incluida SEICSA, para adquirir armamento.
En la página 236 se describe que estas armas eran rematriculadas para luego ser vendidas al crimen organizado, lo que apunta a que la empresa fue utilizada como puente directo hacia el tráfico de armas.
Asimismo, se investigan los vínculos diplomáticos del dueño de SEICSA, Elías Gerardo Valdés, que hacen sospechar que los presuntos delitos cometidos habrían llegado a escalas internacionales. El referido recibió dos nombramientos como cónsul honorario de Nicaragua: primero en Coahuila (2019) y luego en Monterrey (2023), ambos otorgados por la dictadura de Daniel Ortega en dicho país.
Pero no es todo: la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, solicitó que investigasen a este personaje por posible contrabando de combustible. Según la Causa Penal 495/2025, un juez federal libró la orden de aprehensión contra Raúl Rocha y otras personas por delincuencia organizada, involucrando a la empresa, pues se vincula con una red criminal que traficaba armamento y surtía al crimen organizado a través de cinco empresas de seguridad, entre ellas SEICSA.
Según la investigación, Jorge Enrique Alberts Ponce es señalado como uno de los líderes de la organización criminal, cuya función es administrar y dirigir a las empresas de seguridad —entre ellas SEICSA—, las cuales utiliza para facturar los servicios de guardia y custodia, además de armar a grupos delictivos.
Contratos públicos, tragedias humanas y presuntos vínculos criminales colocan a la empresa de seguridad en el centro de una investigación que sacude al poder político y económico.
Durante los últimos años, SEICSA ha acumulado más de 3,000 millones de pesos en contratos públicos, convirtiéndose en proveedor recurrente de distintas dependencias federales. Paralelamente, su presencia se ha extendido a espacios de élite, como la seguridad de una joyería de lujo en Avenida Masaryk, uno de los corredores comerciales más exclusivos del país. La dualidad entre su papel como contratista del gobierno y su operación en círculos de alto poder económico hoy adquiere un significado inquietante.
El historial de la empresa incluye uno de los episodios más trágicos de la política migratoria reciente. En 2023, SEICSA era responsable de la seguridad de la estación migratoria de Ciudad Juárez donde un incendio provocó la muerte de 40 migrantes. A pesar del impacto nacional e internacional del caso, y de las investigaciones posteriores, la empresa no solo conservó sus contratos oficiales, sino que continuó expandiendo sus operaciones, sin que se transparentaran consecuencias proporcionales a la magnitud de la tragedia.
La investigación judicial añade un elemento aún más grave. De acuerdo con el expediente, SEICSA figura entre las empresas presuntamente utilizadas para la adquisición de armas largas, mismas que después eran rematriculadas y canalizadas al crimen organizado. A esto se suman los vínculos diplomáticos de su dueño, Elías Gerardo Valdés, quien fue nombrado cónsul honorario de Nicaragua en dos ocasiones por el régimen de Daniel Ortega. Contratos millonarios, tragedias con víctimas mortales, operaciones en zonas de lujo y menciones en expedientes criminales dibujan un patrón que hoy resulta imposible de ignorar.
