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Defensa de acusado señala operaciones sin blindaje, ausencia de protocolos y posibles omisiones regulatorias por parte de SHIELD Seguridad Privada
HERMOSILLO, Sonora.– Un amparo federal promovido por la defensa de Sergio Bustamante Hernández, acusado en un caso de robo agravado relacionado con traslado de valores, puso bajo la lupa las operaciones de NSU Protección, comercialmente identificada como SHIELD Seguridad Privada, al denunciar presuntas irregularidades operativas, legales y administrativas en el manejo de efectivo millonario.
El recurso, admitido ya por un Tribunal Colegiado Federal, sostiene que la empresa habría realizado traslados de grandes cantidades de dinero sin cumplir diversos lineamientos previstos en la Ley Federal de Seguridad Privada, situación que —según la defensa— habría generado condiciones de riesgo que facilitaron el presunto ilícito.
Entre los señalamientos más relevantes destaca que el efectivo era movilizado en una camioneta tipo NP300 sin blindaje, pese a que este tipo de operaciones requiere vehículos especializados y protegidos conforme a la normativa mexicana.
La defensa también cuestiona que durante el proceso judicial no se acreditaran protocolos internos de seguridad ni manuales operativos que permitieran establecer con claridad cuáles habrían sido las supuestas faltas cometidas por el implicado.
“La empresa nunca exhibió cuál era el supuesto protocolo que dicen que se violó”, se lee en el documento presentado ante la autoridad federal.
El amparo añade que tampoco fueron presentadas constancias documentales relacionadas con capacitación formal o adiestramiento del personal encargado de custodiar y trasladar el numerario.
Otro de los argumentos centrales apunta a que ni la Fiscalía ni la empresa habrían demostrado de manera objetiva el monto exacto del supuesto robo, debido a la ausencia de arqueos, auditorías, dictámenes contables o documentación financiera suficiente que acreditara el daño patrimonial reclamado.
Además, la defensa advirtió posibles omisiones vinculadas con obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), particularmente en temas relacionados con control, registro y trazabilidad de grandes cantidades de efectivo.
De acuerdo con especialistas consultados, el caso podría abrir la puerta a revisiones regulatorias sobre empresas privadas dedicadas al traslado de valores, especialmente si las autoridades federales detectan incumplimientos en materia de operación, seguridad o control financiero.
El recurso legal busca demostrar que la condena dictada contra Bustamante Hernández se sustentó principalmente en declaraciones testimoniales y no en pruebas técnicas o científicas concluyentes.
Mientras el Tribunal Colegiado analiza el fondo del asunto, se concedió la suspensión correspondiente dentro del trámite del amparo.
Hasta ahora, NSU Protección (SHIELD Seguridad Privada) no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos contenidos en el recurso judicial.
