Exigen FMSJ y la UDLAP devolver el campus a través de los mecanismos de Ley

Comunicatedigital.com

Foto: ESPECIAL

Dejar el Campus en depósito ante un Juzgado local de Puebla busca engañar a la comunidad y esquivar responsabilidades y quebrantos a su patrimonio.

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Con relación al comunicado apócrifo circulado ayer sin fecha, ni firma y falsificando el logotipo de nuestra institución, la Fundación Mary Street Jenkins hace los siguientes señalamientos:

Se trata nuevamente de una versión engañosa que pretende simular ante la opinión pública y la comunidad de la Universidad de las Américas Puebla la entrega de las instalaciones tomadas por asalto hace más de 7 meses.

Las contundentes derrotas ante el Poder Judicial de la Federación del grupo espurio, que mantiene tomado el Campus en Cholula, han provocado una medida desesperada para hacer creer que por la vía de un juzgado del fuero local en Puebla se puede devolver la Universidad a su Rectora, la Doctora Cecilia Anaya.

Es falso que una orden judicial manipulada desde el Gobierno del Estado de Puebla tenga los alcances para evadir el cumplimiento de una suspensión definitiva de amparo que están obligados a cumplir, para que el único patronato legalmente constituido de la UDLAP, presidido por Margarita Jenkins de Landa, reciba las instalaciones que fueron tomadas con violencia.

Lo que arrebataron ilícitamente debe ser devuelto por los canales y mecanismos que la propia ley establece y no consignando ante un juzgado local las instalaciones de la Universidad.

Hay una suspensión definitiva de amparo sin cumplir, el juez común en Cholula, José Cuauhtémoc Blázquez Guevara, ha evitado la devolución del Campus, siguiendo el protocolo que determinan los tribunales federales ante la presencia de un Notario Público.

Se pretende aparentar que hay voluntad para restituir lo que tomaron por la fuerza. Existen hechos que pueden ser constitutivos de delitos dentro del Campus y se desconoce el estado en que se encuentran las instalaciones, ante posibles sustracciones de equipo, falta de mantenimiento y material que deben revisarse ante un fedatario público antes de la devolución formal del recinto, que no puede ser depositado para esquivar responsabilidades y quebrantos en su patrimonio.

Si existe auténtica voluntad para devolver las instalaciones se debe hacer a través del mecanismo que las leyes determinan y que estamos impedidos para modificar.

Sobre la supuesta renuncia de Armando Ríos Piter sólo resta decir que es irrelevante, ya que no se puede renunciar a lo que nunca tuvo en calidad de
usurpador.

Desde la Fundación Mary Street Jenkins y la oficina de la Rectora Cecilia Anaya Berríos hacemos un llamado a la comunidad universitaria para que prevalezca la prudencia y se evite validar actos irregulares provocados por el grupo espurio que mantiene secuestrada a la UDLAP.

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