Advierten tortilleros de la volatilidad del precio de la tortilla

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Comunicatedigital.com /Alfredo González

Foto: Carlos Seoane

Denuncian hostigamiento por parte de la PROFECO.

Industriales tortilleros de Tlaxcala, denunciaron lo que consideraron un hostigamiento por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO), instancia que les ha hecho requerimientos “excesivos” para evitar el aumento del precio del kilo de la tortilla que pasó de 11 a 12 pesos; sin embargo, advirtieron que es muy probable que a partir del febrero el importe sea todavía más volátil.

En conferencia de medios, los representantes regionales de la Cámara Nacional de la Industria de la Masa y la Tortilla, Cruz y Bertha Mora Avendaño, dijeron que en febrero el kilo de la tortilla podría subir más derivado de que se tienen previstos tres aumentos a la gasolina y el diésel y a la oferta y a la demanda, aun por encima de las reglamentaciones de las autoridades federales.

Subrayaron que mientras en 2016 la tonelada de maíz costaba cuatro mil 400 pesos, durante enero ya les cuesta seis mil pesos, lo que aunado a la alza del gas, los combustibles y la energía eléctrica hizo insostenible los precios de 10 y 11 pesos que mantuvieron durante cuatro años, así que era momento de modificarlo.

Eso sí, dieron a conocer que en su afán de hacer inspecciones a los tortilleros, la PROFECO emplaza a los empresarios a justificar con facturar por qué suben su precio pero los documentos los tienen que presentar directamente en oficinas centrales de la Ciudad de México en un máximo de 48 horas, lo cual es prácticamente imposible porque eso implicaría  desatender sus negocios.

Bertha Mora Avendaño comentó que de los 250 tortilleros establecidos en el Estado de Tlaxcala, 65 han sido supervisados y a 20 le fueron colocados sellos de suspensión, lo que no indica que dejen de operar pero sí tienen que justificar sus alzas.

Ambos representantes solicitaron a la delegación local de la PROFECO, evitar los actos de persecución y hostigamiento en contra del sector, ya que las sanciones a las que podrían hacerse acreedores en caso de incumplir con algún requisito establecido en las normas vigiladas por la Procuraduría, alcanzan hasta los tres millones de pesos y prisión.

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