Abiertos en la CE procesos contra servidores públicos

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Comunicatedigital.com / Alfredo González

Foto: ESPECIAL

Denuncia contra ex titular ha quedado en “rumor”, ataja Contralora del Ejecutivo.
La Contraloría del Ejecutivo actualmente analiza alrededor de 100 quejas en contra de servidores públicos de diversas dependencias por malos actos, de las cuales 43 son procesos abiertos de responsabilidad administrativa, los que están en fase de solventación de observaciones por parte de los probables responsables, informó la titular Maricela Escobar Sánchez.
Quién destacó que ninguna de ellas tiene que ver con altos mandos o funcionarios de primer nivel y tampoco contra exfuncionarios de alto rango como el caso del propio ex Contralor, Hugo René Temoltzin Durante, quien en fechas recientes fue señalado de haber favorecido a una empresa para ser proveedora de la Secretaría de Salud (SESA) en el sexenio pasado.
Sobre ese caso en especifico -en entrevista colectiva-, Escobar Sánchez, dijo se trata hasta el momento de “rumores”, pues no hay una denuncia precisa, pero si alguien lo acusa, debe presentar las pruebas para que la oficina que encabeza pueda investigar si es que le corresponde.
Al tiempo dijo que las quejas que se procesan actualmente, son en su mayoría contra funcionarios de la SESA, de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE)y de la Procuraduría General de Justicia del Estado (SEPE) entre otras, por malos tratos, petición de dinero a cambio de algún servicio o dilación de sus actos.
En otros temas, la Contralora del Ejecutivo informó que a partir del mes de agosto se impulsarán los programas “Honestidad Tlaxcala” que busca sensibilizar a los servidores para que desarrollen sus actividades en el marco de la ética pública y el de “Pequeños Vigilantes” para que en los niños de las escuelas primarias se potencialice la conciencia del buen ciudadano.
Esto ante las estadísticas del INEGI, que revelaron que durante el 2016 en Tlaxcala se presentó una de las tasas más altas en cuanto a actos de corrupción cometidos en contra de unidades económicas, con más de dos mil por cada 10 mil de ellas, al hacer algún trámite gubernamental en los tres niveles de gobierno.

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